Mes: marzo 2020

Leidy no necesita de un hombre para criar y educar a su hijo

Es un cambio radical, no gradual, el que ha vivido Leidy Johana Salazar Prieto luego de la dejación de armas: pasar de una vida en la que todo lo resolvía un colectivo, donde todo lo necesario lo proveía la organización, desde los útiles de aseo personal –incluido el maquillaje- hasta la medicina, con un enfermero disponible las 24 horas para atender desde una herida de guerra hasta un dolor de cabeza, a vivir una vida individual, ocupándose de todas sus necesidades y la crianza de un hijo, no es nada fácil.

Leidy se vinculó a HUMANICEMOS DH el 15 de enero de 2018, y está entre los 20 excombatientes que fueron acreditados, capacitados y entrenados, producto del convenio firmado entre HUMANICEMOS DH y HALO TRUST, antes que la OEA se viera impedida para acreditar personal excombatiente por estar aún las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas.

Permaneció en este componente entrenándose en desminado humanitario y gestión de información hasta junio de 2018, cuando HALO, presionado por las políticas del departamento de Estado de los Estados Unidos, devolvió a HUMANICEMOS el personal que venía capacitando.

“Pero estas no son penas” afirma Leidy, quien tiene una razón poderosa que la impulsa a seguir persistiendo y la inspira a seguir enrutando su vida: Chibirico, así le dicen los HUMANICEMOS al primer bebé nacido en el marco del proyecto. Chibi tiene 15 meses y, aunque su papá no ha asumido una paternidad responsable, es el consentido de todos los HUMANICEMOS.

“Quiero que mi hijo, cuando crezca, se sienta orgulloso de mí, porque aún sin apoyo pude sacarlo adelante, pero más que eso, que ayudé a construir una sociedad reconciliada y equitativa para que todos los niños como él tengan un mejor futuro” dice Leidy, con su acento llanero, pero tan pluricultural como todos los excombatientes que permanecieron, como ella, 10 o más años recorriendo la geografía nacional.

Leidy continúa, como todos los excombatientes vinculados a HUMANICEMOS DH, a la espera de la convocatoria para regresar a su base de entrenamiento e iniciar su trabajo como radioperadora, espera que ya no obedece a que el gobierno decida cuál será el organismo que hará monitoreo a las operaciones, o que la Unión Europea apruebe la subvención que garantice un año más de permanencia de la Organización – asuntos ya resueltos-; ahora es el COVID-19 quien mantiene atados a unos y otros.

HUMANICEMOS DH sigue afrontando vicisitudes y sigue probando su capacidad de resistencia y adaptación, no solo de los excombatientes vinculados al proyecto, sino también del personal profesional externo, contratado para apoyar en la generación de la capacidad técnica y administrativa del personal excombatiente. Y como afirma Leidy, “Es el momento de aportarle con lealtad y firmeza al proceso que viene adelantando nuestra Corporación, hay que demostrar con voluntad y aguante que se pueden hacer cosas grandes por el país”.

Ángela Orrego

Directora HUMANICEMOS DH

«En junio excombatientes de las Farc empezarán a levantar minas»: ONU

Jan Philip Klever, director en Colombia del Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas, agencia que quedó encargada del monitoreo al desminado humanitario que hagan los exguerrilleros, explica la importancia de este hecho que calificó como histórico. Luego de haberse pospuesto por meses, la organización que los excombatientes crearon para desminar el territorio por fin desplegará operaciones.

Humanicemos se convertirá en la octava organización que realice desminado humanitario en Colombia junto a Halo Trust, DDG, Humanity and Inclusion, la Brigada de Desminado Humanitario (adscrita al Ejército), Perigeo, Ayuda Popular Noruega y la Campaña Colombiana Contra Minas.AFP

La organización Humanicemos DH es inédita en el mundo. Se trata de la primera vez que excombatientes de un grupo armado irregular, en este caso las Farc, se agrupan en una organización para que tras el conflicto armado sean ellos mismos quienes levanten las minas que en época de guerra ayudaron a sembrar.

Desde el primer semestre de 2018 existe esta organización compuesta por alrededor de 100 exguerrilleros de las Farc que tiene su sede en el espacio de reincorporación de Agua Bonita, en La Montañita (Caquetá). Allí han estado capacitándose y entrenándose para hacer desminado humanitario, pero su puesta en marcha se había venido retrasando pues no había una entidad externa que certificara su capacidad para el desminado.

Este martes, ese obstáculo se superó y se delegó para tal fin al Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas (Unmas, por sus siglas en inglés). En entrevista con Colombia2020, Jan Philip Klever, director del programa de Unmas Colombia, explica cuál es la importancia del convenio firmado con el Gobierno Nacional y sostiene que el hecho de que excombatientes de las Farc levanten minas – lo que sucederá a partir de junio – es histórico y de gran importancia en materia de acuerdos de paz en el mundo.

¿Cuál es la importancia del convenio que firmaron este martes el Gobierno Nacional y las Naciones Unidas?

Es un hito en la implementación del Acuerdo de Paz. Este convenio va a permitir el desarrollo de operaciones de desminado humanitario por excombatientes de las Farc. Estos excombatientes se agruparon en una organización humanitaria, Humanicemos DH, compuesta y liderada por excombatientes. Nosotros como Unmas los acompañamos en la capacitación técnica y el desarrollo de su capacidad organizacional.

Con esa firma, ¿cuál va a ser el rol exacto de Unmas respecto a Humanicemos DH?

En el marco del acuerdo técnico el rol que vamos a desempeñar, igual que en otros países del mundo en los que Unmas tiene ese mandato, es lo que se llama la gestión de calidad externa y el monitoreo de las operaciones de desminado humanitario. En cualquier país afectado por minas se requiere no solamente las organizaciones civiles que despejen las minas – como en este caso Humanicemos, pero hay otras organizaciones como APN, Halo Trust  o DDG – sino también un mecanismo externo de la gestión de calidad que esté monitoreando y acreditando las labores de las organizaciones para construir la confianza con las comunidades afectadas para comprobar que esta labor se ha realizado en cumplimiento con los estándares establecidos y por lo tanto, al final de la labor, se pueda certificar y tener la confianza en que la tierra sobre la cual se ha trabajado está libre de sospecha de minas. 

En Colombia ese acompañamiento externo a otras organizaciones que hacen desminado humanitario lo ha hecho la Organización de Estados Americanos (OEA). El caso de Humanicemos sería el primero que es certificado por Unmas ¿Por qué es distinto?

En este caso puntual la OEA no puede acompañar las operaciones de Humanicemos DH porque es una organización compuesta por excombatientes de las Farc, y por su financiación, principalmente de los Estados Unidos, la OEA no puede prestar un servicio que tenga un beneficio material para excombatientes (las Farc siguen estando en la lista de terroristas de ese país). Por lo tanto, se tenía que encontrar una alternativa que en este caso fue darle ese mandato a Unmas.  

La decisión de que fuera Unmas quien hiciera ese acompañamiento ya se había tomado. ¿Por qué tardó tantos meses en firmarse el convenio?

Hay varias razones. Una es que es una negociación compleja sobre el marco legal y eso toma su tiempo. Otro tema que también retrasó el cronograma era el hecho de que tuvimos elecciones y un nuevo Gobierno, y se tenía que construir la relación con el Gobierno.  La tercera es porque en estos temas el mandato le corresponde al Gobierno, quien primero debe averiguar si tiene la capacidad para hacer esa verificación, como en otros países. En cuanto no la tenga, debe mirar cuáles son las alternativas, aquí usualmente ha sido la OEA y en este caso de Humanicemos se delegó a Naciones Unidas. 

Si bien es cierto que hubo demoras en el proceso, celebramos la firma de este convenio y estamos ahora preparados para seguir adelante para que se puedan desarrollar las operaciones de desminado humanitario por los excombatientes de las Farc. 

¿Qué hace falta para que los excombatientes de las Farc puedan empezar a levantar minas?

Ya no falta nada. Hoy es el día uno para iniciar la labor de acompañamiento como mecanismo de gestión de calidad externa, y es todo un proceso que está establecido en el marco normativo. Hay varios pasos que se tienen que seguir para llegar al despliegue de operaciones, es decir, el despeje o la descontaminación del territorio. El primer paso es la revisión de los planes de entrenamiento que solamente se podía hacer una vez que se tuviera el mandato del Gobierno, que hoy ya tenemos. Proyectamos que a lo largo de los próximos tres meses se va a concluir todo lo que es el proceso de acreditación y evaluación operacional, para que en junio pueden desplegar las operaciones en su zona asignada, que en este momento queda en Caquetá.

Los excombatientes llevan cerca de dos años entrenando en La Montañita para levantar minas. ¿Tienen que hacer más entrenamientos?

Esa fue la primera fase, que precisamente se enfocó en toda la capacitación de la organización, la parte organizacional, la asignación de tareas, etc. Todo eso está hecho, el personal está plenamente capacitado. Pero parte del proceso oficial del monitoreo y de la evaluación operacional es que el mecanismo de monitoreo externo también acompañe el entrenamiento de manera formal, por lo tanto un entrenamiento formal más se va a dar, que es un paso que establece la normativa en Colombia.

¿Cuál es la importancia de que excombatientes de una guerrilla como las Farc, que en parte también contribuyó a minar el territorio durante el conflicto armado, sean hoy quienes levanten las minas?

Eso tiene un impacto en tres dimensiones. La primera es la reincorporación socioeconómica de los excombatientes que se desempeñan en esta labor. La segunda dimensión es el incremento de la capacidad de Colombia para responder a las necesidades humanitarias de comunidades afectadas por la presencia de minas. La tercera dimensión es todo lo que tiene que ver con acciones reparadoras y por lo tanto de reconciliación de excombatientes frente a las comunidades afectadas.

Desde un punto de vista técnico de la acción contra minas es sumamente importante que se recoja y organice la información que los que instalaron las minas aporten, y se pueda utilizar para el despeje. Entre más información se pueda sistematizar, más fácil va a ser el despeje del territorio.

¿Hay otros casos en el mundo en que excombatientes de guerrillas, después de la guerra, empiecen a desminar el territorio?

En comparación con otros procesos de paz, la de Colombia es una iniciativa única: la disposición de los excombatientes de una parte del conflicto armado de participar en este tipo de acciones reparadoras. El único otro ejemplo que conocemos en el mundo es el de Camboya, pero eso era organizado de otra manera y no se entendía en su momento tan bien en la dimensión de la reincorporación socioeconómica, sino era solamente para sistematizar la información que tenían en su momento, no se agruparon en una organización humanitaria para completar su transición a la vida civil y desempeñarse plenamente en acciones reparadoras. Tal cual está en Colombia, es una iniciativa única y por lo tanto verdaderamente histórica en contextos de procesos de paz.  

 En materia de desminado humanitario, no está claro si quienes pertenecen a una parte del conflicto armado puedan ejecutarlo, por entre otras cosas la neutralidad que debe tener quien lo realiza. Se ha criticado por ejemplo la Brigada de desminado humanitario del Ejército. ¿Cuál es su posición sobre eso?

Efectivamente estamos hablando de personas que formaron parte de un actor del conflicto armado y por tanto tiene un impacto sobre las comunidades con las cuales están trabajando. Eso también puede tener como implicación que en ciertas zonas del país no puedan trabajar y siempre hay que hacer un análisis de condiciones de seguridad y de la existencia o no de un espacio humanitario en el que se pueda trabajar. La acción contra minas y el desminado humanitario no puede entrar en zonas en las que se está desarrollando un conflicto armado. Lo primero que se hace es el enlace comunitario porque en desminado humanitario el enfoque está en las comunidades y son ellas las que se deben beneficiar de ello. Por eso lo primero es dialogar con las comunidades para entender cuáles son sus prioridades y enfocar las acciones alrededor de esas prioridades. Pero, sobre todo, hay que hacer pedagogía de lo que es el desminado humanitario, qué se busca, quiénes son los que lo van a hacer, por qué lo hacen y buscar espacios de reconciliación. Hay que ajustarse a las indicaciones de la comunidad. Ellos pueden decir, por ejemplo, ‘se puede trabajar en el despeje en el camino hacia el hospital, pero por favor no trabajen por el otro lado de la vereda porque allí hay actores ilegales que nos están amenazando’.  Hay que construir la confianza y crecer el espacio humanitario con las comunidades. 


Fuente: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/en-junio-excombatientes-de-las-farc-empezaran-levantar-minas-onu-articulo-908849

Gobierno y ONU firman convenio para poner en marcha desminado por excombatientes

Humanicemos DH, la organización que surgió tras el Acuerdo de Paz y que integra alrededor de 100 exguerrilleros de las Farc, podrá empezar a levantar minas antipersonales. El inicio de su operación se ha pospuesto desde 2018.

Jessica Faieta, representante residente del Sistema de Naciones Unidas para Colombia y directora del PNUD en Colombia; y Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, firmaron el convenio para la puesta en marcha de Humanicemos DH.Alto Comisionado para la Paz

Dos años después de haber sido creada, la organización de desminado humanitario de los excombatientes de las Farc, Humanicemos DH, por fin podrá empezar a levantar minas antipersonales. El principal obstáculo que impedía su puesta en marcha, la ausencia de una entidad externa que certificara su capacidad para el desminado, quedó resuelto hoy.

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; y la representante residente del Sistema de Naciones Unidas para Colombia y directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, Jessica Faieta, firmaron este martes el convenio necesario para la entrada en operación de Humanicemos DH.

“Hemos firmado un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Defensa, el PNUD y la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Es uno de los elementos más importantes de la implementación del Acuerdo: personas que antes estaban en la guerra, hoy ayudan a liberar estos territorios que una vez estuvieron llenos de minas antipersonales”, dijo el comisionado Ceballos.

El convenio firmado hoy entre el Gobierno Nacional y las Naciones Unidas contará con recursos de alrededor de tres millones de euros, es decir 12 mil millones de pesos, aportados por la Unión Europea. 

La puesta en marcha de Humanicemos DH se venía posponiendo desde mediados de 2018, cuando alrededor de 100 exguerrilleros que componen esa organización esperaban la acreditación necesaria para levantar minas. Sin embargo, esa acreditación la ha hecho usualmente en Colombia la Organización de Estados Americanos (OEA), que en este caso anunció que no podría hacerlo al contar con financiación de Estados Unidos, pues este país norteamericano no ha retirado a las Farc de su lista de organizaciones terroristas. Ello implica que de ninguna manera recursos suyos pueden terminar beneficiando a quienes integren dichas organizaciones.

Frente a ese impedimento, el Gobierno había decidido que sería una agencia de Naciones Unidas la encargada de hacer la acreditación a los exguerrilleros de Humanicemos DH, pero en todo 2019 eso no se concretó. Con la firma del convenio de este martes eso ya quedó definido y lo que sigue es que efectivamente Naciones Unidas acredite a estos exguerrilleros y así puedan empezar a levantar las minas.

Mientras ese convenio se posponía, los excombatientes de Humanicemos DH se entrenaron en su sede ubicada en el espacio territorial de reincorporación de Agua Bonita, en La Montañita, Caquetá. Allí recibieron capacitaciones de parte de organizaciones expertas en desminado humanitario como Halo Trust y el Servicio de las Naciones Unidas para la Acción Integral contra Minas (Unmas).

Humanicemos DH se convertirá entonces en la octava organización que trabajará en desminado humanitario en Colombia junto a Halo Trust, DDG, Humanity and Inclusion, la Brigada de Desminado Humanitario (adscrita al Ejército), Perigeo, Ayuda Popular Noruega y la Campaña Colombiana Contra Minas.


Fuente: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/gobierno-y-onu-firman-convenio-para-poner-en-marcha-desminado-por-excombatientes-articulo-908689

La operación tortuga del gobierno con los ex guerrilleros desminadores

Por ANDRÉS BERMÚDEZ LIÉVANO

El 23 de enero pasado, todas las ONG de desminado humanitario se reunieron en el Hotel GHL Collection 93 en el norte de Bogotá para revisar el plan de trabajo del sector para 2020.

Ángela Orrego, la directora de una de esas organizaciones creadas para destruir minas antipersonal llamada Humanicemos, recibió varios mensajes de Whatsapp desde temprano esa mañana de un funcionario de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, recordándole la hora y la ubicación exacta del hotel. Cuando llegó con dos colegas, otra funcionaria del Gobierno les impidió entrar.

“Lo siento muchísimo”, les dijo. La reunión se financiaba parcialmente con recursos del Departamento de Estado gringo, explicó, y eso significaba que ellos no podrían participar.

Su impedimento: Orrego es una excombatiente de las Farc que dejó sus armas hace tres años como parte del acuerdo de paz con el Gobierno de Santos y que desde hace dos años lidera la organización de desminado que un centenar de exguerrilleros crearon como proyecto de reincorporación a la vida civil.

Las leyes de Estados Unidos prohíben que recursos provenientes de ese país beneficien de cualquier forma a integrantes de organizaciones que figuran en su lista de terroristas, de la cual las antiguas Farc aún no han sido retiradas pese a haber firmado la paz en noviembre de 2016 y terminado de dejar sus armas a mediados de 2017.

Más allá de esa complejidad legal, que el evento de planeación del sector de desminado organizado por el Gobierno colombiano hubiese sido pagado por los gringos era algo que los funcionarios de Presidencia y de la Oacp que dirige Miguel Ceballos tenían que saber mucho antes de esa mañana y de invitarlos.

De hecho, no era la primera vez que sucedía. El año pasado, en otra reunión de todo el sector en el Palacio de San Carlos de la Cancillería, les dijeron que no podrían darles refrigerios ni permitirles usar el equipo de traducción simultánea, por estar ambos pagados por los gringos.

Esos impases subrayan las trabas burocráticas que -según seis personas que trabajan en el sector- viene poniéndole el gobierno de Iván Duque a Humanicemos para que no pueda comenzar a desminar.

A su vez, eso ha generado que una de las formas más tangibles y potentes en que antiguos guerrilleros de las Farc pueden reparar el daño que causaron a miles de víctimas del conflicto esté haciendo agua.

El sueño de Humanicemos

Humanicemos, que está pensado como un proyecto de reincorporación social y económica de ex guerrilleros, es hija directa del proceso de paz de La Habana.

Su origen se remonta a los dos proyectos piloto de desminado humanitario que hicieron el gobierno de Santos y las Farc en 2015, en plena negociación, para ir desescalando el conflicto y construyendo confianza entre ambos.

Durante más de un año, un equipo hasta ese momento improbable trabajó conjuntamente en las veredas de El Orejón en Briceño (Antioquia) y Santa Helena en Mesetas (Meta). Mientras los guerrilleros entregaban información sobre la ubicación y funcionamiento de las minas, la ONG noruega Ayuda Popular Noruega (APN) realizaba los estudios no técnicos previos y, por último, soldados del Batallón de Desminado del Ejército las despejaban.

En total, mano a mano limpiaron 39,215 metros cuadrados en ambos lugares y destruyeron 70 artefactos explosivos improvisados.

Muchos de quienes hoy integran Humanicemos estuvieron en esos pilotos. Su directora Ángela Orrego lideró el grupo de explosivistas de la guerrilla en El Orejón, mientras que su actual gerente técnico de terreno Germán Balanta hacía lo mismo en Santa Helena.

“Fue el resultado de los pilotos lo que nos dio el impulso para pensar: si ha sido tan exitoso el desminado con participación de excombatientes, ¿por qué no crear nuestra propia organización?”, dice Orrego, que estuvo tres años en el equipo de comunicaciones de la guerrilla en La Habana antes de ir al Orejón.

Ahí nació Humanicemos, una organización civil de desminado casi completamente integrada por ex combatientes. Más del 90 por ciento de sus 113 empleados son ex guerrilleros en tránsito hacia la vida civil, así como la totalidad de sus nueve miembros de junta y sus 51 asambleístas.

Su sueño es sumarse a las otras siete organizaciones civiles que están desminando en Colombia, que sigue siendo el segundo país con mayor número de víctimas de minas tras Afganistán. Fue uno de los compromisos que asumió el país en 2010 al pedir una prórroga de diez años para cumplir con la Convención de Ottawa que lucha contra las minas antipersonal y municiones sin explotar.

Cuando empezaron a organizarse en 2018 había mucha expectativa. Según Orrego, en esa época tenían una base de datos de 500 ex guerrilleros interesados en trabajar encontrando y destruyendo minas, muchas de las cuales instalaron las propias Farc.

El entusiasmo también se sentía del otro lado. Rafael Pardo, el entonces consejero de posconflicto de Santos, anunció que Humanicemos llegaría a 1200 exguerrilleros empleados, una promesa que a muchos en el sector les pareció excesivamente optimista en momentos en que la mayor organización civil -la británica Halo Trust- tenía 300 en el país.

Profesión desminador

Hacia marzo de 2018 los ex guerrilleros de Humanicemos empezaron a entrenarse como desminadores.

En la primera fase de su proyecto, trazaron sus procedimientos operativos y abrieron su base regional en una esquina del Etcr de Montañita, en Caquetá, para capacitaciones en terreno.

Sus integrantes se formaron con otras organizaciones en cómo hacer los estudios no técnicos para identificar perímetros, en cómo destruir las minas que encontraran y cómo hacer trabajo de educación en el riesgo con comunidades locales. Halo Trust entrenó a 40 de ellos, APN a 28, la Campaña Colombiana contra Minas a 20 y Unmas –el brazo de Naciones Unidas en acción contra minas- a 40 más.

Foto de Humanicemos

Todo esto lo hicieron con 4 millones de dólares aportados por el gobierno de Noruega y el Fondo para la Consolidación de la Paz (PBP) de la ONU, que son los recursos discrecionales de su secretario general António Guterres.

Además de contar hoy con unos 90 desminadores, Humanicemos contempla emplear a otros exguerrilleros que tienen información sobre minas bajo una figura que bautizó ‘guías locales’, trabajando en llave con los explosivistas para ubicarlas y destruirlas.

Su idea es no solo contratarlos directamente sino prestárselos a otras organizaciones que desminan en el país, como APN, Halo Trust, los franceses de Handicap Internacional, los daneses de DDG, los italianos de Perigeo o los colombianos de Cccm y Atexx. Esa información es fundamental para establecer polígonos más precisos y acelerar el desminado, como lo demostraron los proyectos piloto, ahorrando tiempo y plata.

Alrededor de mayo de 2018, apareció el problema más grueso. La Organización de Estados Americanos (OEA), que tradicionalmente ha hecho las evaluaciones técnicas obligatorias de los desminadores en Colombia y que había sido parte del proyecto desde el inicio, anunció que tenía que retirarse por contar con financiación de Estados Unidos, lo que –según ellos- les impedía trabajar con excombatientes de Farc.

Ese anuncio tuvo otro coletazo. La ONG británica Halo Trust decidió, para no arriesgarse a perder financiación de Estados Unidos, que no podía continuar entrenando a los miembros de Humanicemos. Aunque ya había alcanzado a acreditar a una veintena, la otra mitad debió terminar con otras organizaciones.
Esa realidad jurídica y política significó que el Gobierno debía pensar en otro tercero que pudiera certificar que los ex guerrilleros tenían el nivel requerido para desminar. Descontamina Colombia, la agencia que entonces se encargaba del tema y que luego fue absorbida por la Oacp, intentó pensar en una solución creativa transitoria, pero llegó el fin del gobierno Santos sin que lo lograra.

En el empalme entre los gobiernos de Santos y Duque estaba claro que tenían que buscar una solución alterna al problema. Casi dos años después, sigue sin resolverse.

Acreditar desminadores, misión imposible

Aunque el arranque para Humanicemos fue lento con Santos, esas dificultades aumentaron con la llegada de Duque. Tres funcionarios de la comunidad internacional y dos del sector de desminado, que pidieron omitir sus nombres para poder discutir el tema con candidez, sienten que el actual gobierno ha hecho operación tortuga con la aprobación de Humanicemos.

Desde al menos diciembre de 2018, el gobierno Duque había definido que Unmas de Naciones Unidas debería encargarse del monitoreo externo de calidad de los desminadores de Humanicemos, como lo hace en muchos otros países afectados por las minas.

El 6 de diciembre de ese año, Emilio José Archila –el consejero de estabilización de Duque que entonces tenía el desminado bajo su ala- definió que Unmas era el tercero idóneo por su “reconocida capacidad técnica internacional”, como consta en un acta de la reunión que La Silla vio. “Ahí se tenía que haber resuelto todo”, dice un diplomático.

Sin embargo, no fue así. Dos meses después, Duque rebarajó las tareas del posconflicto y le entregó el desminado al comisionado de paz Miguel Ceballos. La Oacp absorbió a la agencia de desminado y los permisos que requería Humanicemos –incluyendo la escogencia de Unmas como verificador independiente- cayeron en un limbo.

En agosto pasado, la instancia de desminado –donde se sientan el Ministerio de Defensa, la Inspección General de las Fuerzas Militares y la Oacp- finalmente aprobó la renovación de la acreditación anual de Humanicemos como organización de desminado, aunque la notificación oficial firmada por Ceballos solo les llegó hasta diciembre.

Luego, el 7 de noviembre, la instancia finalmente aprobó que Unmas se ocupe de la verificación técnica de sus desminadores. Ahí parecía que las cosas finalmente se resolvían. Pero las distintas entidades que debían recibir la notificación oficial de esa decisión seguían esperándola varias semanas después.

Tras presiones de múltiples personas del sector, la notificación finalmente llegó el 2 de diciembre a la Unión Europea (que la necesitaba el aval del gobierno para financiar la segunda fase del proyecto) y calmó la principal angustia de Humanicemos, que a tres semanas del final de año no tenía cómo pagar su nómina ni el arriendo de su oficina.

A Humanicemos le llegó la carta de renovación de su acreditación el 20 de diciembre, cuatro meses después de aprobada, pero aún no la de la escogencia de Unmas.

En todo caso, la acreditación de sus desminadores sigue embolatada. La Cancillería -que como se ha contado ha sido reticente a involucrar a Naciones Unidas en el país- se mostró adversa a firmar un convenio nuevo con Unmas, por lo que se decidió que lo harían a través de la oficina de otra agencia, el Pnud, en Colombia. Esa firma aún no se ha dado.

Al menos dos condiciones comunicadas por la Oacp en los últimos meses prometen seguir haciéndole la vida difícil a Humanicemos: Unmas no fue autorizado para acreditar a los ex guerrilleros ya entrenados por Halo Trust, APN y Cccm, por lo que deberá formarlos desde cero de nuevo, y –en una decisión nueva de este año- ya no será posible que ex guerrilleros trabajen como guías con otras organizaciones civiles.

Las razones de esas decisiones no son claras, pero, en la práctica, impedir que otras organizaciones empleen ex combatientes disminuye el potencial del desminado para la reincorporación y la reparación.

El riesgo de retorno a la guerra

“¿Cómo hacer que la gente no se desmotive ante la evidente falta de voluntad? Llevamos casi dos años entrenando”, dice Ángela Orrego.

En su austera oficina hay un mapa que muestra las primeras tres zonas en Montañita asignadas a Humanicemos por el gobierno Santos. A la espera de poder arrancar a desminar, han venido trabajando en educación en el riesgo con comunidades locales, pero su vista sigue puesta en el despeje de minas y devolverle esas veredas descontaminadas a la gente.

En esas demoras han perdido a bastante exguerrilleros ilusionados con el desminado. La mayoría se dedicó a otros proyectos ante la falta de noticias sobre sus acreditaciones, aunque es difícil descartar que alguno se haya sumado a las disidencias que se apartaron del acuerdo de paz y se rearmaron de nuevo.

Hay, en todo caso, un precedente: en medio de las demoras del gobierno Santos en poner a rodar Humanicemos, Ricardo Abel Ayala, alias ‘Cabuyo’ -quien estuvo en el piloto de El Orejón y quiso seguir como desminador- retomó las armas en 2018 en esa misma zona de Antioquia. Hoy la Policía ofrece una recompensa de 280 millones de pesos por información sobre él, como sospechoso del asesinato de tres geólogos de la minera Continental Gold.

Al menos una idea que tenía Humanicemos es hoy más difícil de realizar, dada la dispersión de las personas que dejaron las armas. Querían organizar una suerte de cumbre de antiguos explosivistas de la guerrilla, que les permitiera documentar patrones de instalación y mapear prácticas que cambiaban según el bloque, como dónde las instalaban usando árboles, a campo traviesa, en subida o en edificios abandonados. O en qué circunstancias es más probable que haya una mina solitaria o un campo minado.

“Pero tras tres años es muy difícil. Era importante no perder la memoria de quienes saben dónde hay campos minados”, dice una persona que trabaja en una ONG de desminado, para quien los integrantes del Secretariado también erraron por no compilar con los encargados de cada Etcr los datos de quiénes eran los explosivistas en cada región.

Foto de Humanicemos

La comunidad internacional viene observando la situación con frustración. “Pensábamos y esperábamos que se iba a decidir meses antes”, añade otro diplomático, que cree –como todas las personas consultadas- que la falta de urgencia del gobierno evidencia que no es consciente del riesgo de seguridad.

En Humanicemos creen que el gobierno Duque ha ralentizado su aprobación por temor a que el partido creado por la ex guerrilla use el desminado para crecer su capital político.

“Hemos demostrado hasta la saciedad que eso no es así, que entendemos que es acción humanitaria”, dice Orrego, explicando que esa fue justamente la razón por la que decidieron que la organización tendría que funcionar de manera independiente a la Farc.

El comisionado de paz Miguel Ceballos y su directora de acción contra minas Martha Hurtado no respondieron a preguntas sobre las demoras enfrentadas por Humanicemos.

El desminado como reparación

La operación tortuga ha tenido otro impacto: hasta ahora ninguna víctima –salvo las de Briceño y Mesetas- ha visto a exguerrilleros de las Farc desminando.

Esa es una tarea urgente en un país donde las minas antipersonal han dejado 11.655 víctimas directas (sin contar familiares) y en donde en 2018 los accidentes con minas aumentaron por primera vez en seis años.

Gran parte de esa responsabilidad recae sobre las Farc, a quienes la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (Icbl) ha descrito como “los más prolíficos usuarios de minas entre los grupos rebeldes del mundo”. Por eso debería ser, según el acuerdo de paz, una de las principales maneras en que los exguerrilleros de las Farc reparan a las víctimas, una condición ineludible para que puedan recibir penas más benévolas en el sistema de justicia transicional.

También puede convertirse en uno de los castigos restaurativos que imponga la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como parte del régimen de sanciones propias que está delineando.

Aunque las 8,9 millones de víctimas que hay en Colombia tienen expectativas muy distintas, la reparación es una de sus prioridades. Si las 27 mil propuestas que enviaron a La Habana son un indicador, quienes más han sufrido la violencia privilegian la posibilidad de reconstruir sus vidas (34 por ciento) y conocer la verdad (16 por ciento), incluso por encima de la justicia (11 por ciento). Además, en muchos casos el desminado es un paso previo necesario para otros programas de desarrollo local como la sustitución de coca, los Pdet o el barrido catastral que Duque ha puesto como prioridad.

“El desminado es una acción con enfoque reparador. Las acciones de Humanicemos son una forma de garantizar el compromiso de no repetición y de construcción de paz territorial”, dice Orrego, quien estuvo tres décadas en las Farc bajo el alias ‘Yira Castro’.

Foto de Humanicemos

Esas actividades de reparación, sin embargo, solo podrán se acreditadas individualmente y no de manera colectiva. Eso significa que solo quienes directamente estén en el terreno desminando podrán solicitar a los magistrados de la JEP que cuente su trabajo. No podrán argumentarlo otros ex guerrilleros que no formen parte de Humanicemos o que no hayan estado en los dos pilotos de desminado originales.

Eso debería impedir, por ejemplo, que los exmiembros del Secretariado intenten usar a Humanicemos para librar sus responsabilidades en el conflicto.

En medio de esas dificultades, los guerrilleros convertidos en desminadores siguen esperando poder empezar a emplear sus conocimientos. “Es la cuota que ponemos para que la paz sea un hecho –dice Orrego- Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil y por eso hemos resistido”.

Este reportaje apareció publicado originalmente en inglés y francés en JusticeInfo.

Actualización:

Después de publicada esta historia, el Comisionado de paz Miguel Ceballos nos contactó para ofrecer su punto de vista sobre la demora, explicando que durante la semana en que lo buscamos había estado de viaje.

«Acá no ha habido ninguna operación tortuga. Si alguien ha hecho un esfuerzo para que se firme este convenio he sido yo», le dijo a La Silla, añadiendo que fue el primero en firmar el documento hace más de una semana y que está esperando las firmas del Ministerio de Defensa y el PNUD para que pueda entrar en vigor. Describió la demora como «un calvario jurídico» que se debió a diferencias entre abogados de Cancillería y Naciones Unidas en torno a la responsabilidad civil de terceros.

«Hicimos el esfuerzo de hablar con la OEA y Estados Unidos, pero eso es decisión de ellos y yo no puedo meterme ahí. Yo estoy solucionando el problema para que el monitor pueda ser UNMAS», nos dijo. 

Precisó que a su juicio los ex guerrilleros ya entrenados no deben arrancar de nuevo con UNMAS («ellos no tienen que hacer más entrenamiento»). En cambio, reconoció que será complejo que organizaciones contraten ex guerrilleros, no porque su oficina no lo quiera, sino porque a su juicio enfrentarían problemas más adelante dado que no podría monitorearlos UNMAS sino que debería hacerlo la OEA.

Por último, Ceballos dijo que su oficina no había sido responsable de los desplantes a Humanicemos, sino que quien organizó el evento por encargo suyo -la Fundación Suiza de Desminado- no le notificó que usaría recursos gringos y que quien marginó a los ex guerrilleros lo hizo de manera inconsulta. 

«Yo sé que fue una cosa jarta, pero no refleja la realidad de nuestro trabajo. Eso no se hizo con nuestra venia y le pedimos disculpas a Humanicemos por escrito», dijo. «Nosotros no hacemos tratos diferenciales», remarcó Martha Hurtado, su directora de acción contra minas.


Fuente: https://lasillavacia.com/operacion-tortuga-del-gobierno-los-ex-guerrilleros-desminadores-75695