El 23 de enero pasado, todas las ONG de desminado humanitario se reunieron en el Hotel GHL Collection 93 en el norte de Bogotá para revisar el plan de trabajo del sector para 2020.
Ángela Orrego, la directora de una de esas organizaciones creadas para destruir minas antipersonal llamada Humanicemos, recibió varios mensajes de Whatsapp desde temprano esa mañana de un funcionario de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, recordándole la hora y la ubicación exacta del hotel. Cuando llegó con dos colegas, otra funcionaria del Gobierno les impidió entrar.
“Lo siento muchísimo”, les dijo. La reunión se financiaba parcialmente con recursos del Departamento de Estado gringo, explicó, y eso significaba que ellos no podrían participar.
Su impedimento: Orrego es una excombatiente de las Farc que dejó sus armas hace tres años como parte del acuerdo de paz con el Gobierno de Santos y que desde hace dos años lidera la organización de desminado que un centenar de exguerrilleros crearon como proyecto de reincorporación a la vida civil.
Las leyes de Estados Unidos prohíben que recursos provenientes de ese país beneficien de cualquier forma a integrantes de organizaciones que figuran en su lista de terroristas, de la cual las antiguas Farc aún no han sido retiradas pese a haber firmado la paz en noviembre de 2016 y terminado de dejar sus armas a mediados de 2017.
Más allá de esa complejidad legal, que el evento de planeación del sector de desminado organizado por el Gobierno colombiano hubiese sido pagado por los gringos era algo que los funcionarios de Presidencia y de la Oacp que dirige Miguel Ceballos tenían que saber mucho antes de esa mañana y de invitarlos.
De hecho, no era la primera vez que sucedía. El año pasado, en otra reunión de todo el sector en el Palacio de San Carlos de la Cancillería, les dijeron que no podrían darles refrigerios ni permitirles usar el equipo de traducción simultánea, por estar ambos pagados por los gringos.
Esos impases subrayan las trabas burocráticas que -según seis personas que trabajan en el sector- viene poniéndole el gobierno de Iván Duque a Humanicemos para que no pueda comenzar a desminar.
A su vez, eso ha generado que una de las formas más tangibles y potentes en que antiguos guerrilleros de las Farc pueden reparar el daño que causaron a miles de víctimas del conflicto esté haciendo agua.
El sueño de Humanicemos
Humanicemos, que está pensado como un proyecto de reincorporación social y económica de ex guerrilleros, es hija directa del proceso de paz de La Habana.
Su origen se remonta a los dos proyectos piloto de desminado humanitario que hicieron el gobierno de Santos y las Farc en 2015, en plena negociación, para ir desescalando el conflicto y construyendo confianza entre ambos.
Durante más de un año, un equipo hasta ese momento improbable trabajó conjuntamente en las veredas de El Orejón en Briceño (Antioquia) y Santa Helena en Mesetas (Meta). Mientras los guerrilleros entregaban información sobre la ubicación y funcionamiento de las minas, la ONG noruega Ayuda Popular Noruega (APN) realizaba los estudios no técnicos previos y, por último, soldados del Batallón de Desminado del Ejército las despejaban.
En total, mano a mano limpiaron 39,215 metros cuadrados en ambos lugares y destruyeron 70 artefactos explosivos improvisados.
Muchos de quienes hoy integran Humanicemos estuvieron en esos pilotos. Su directora Ángela Orrego lideró el grupo de explosivistas de la guerrilla en El Orejón, mientras que su actual gerente técnico de terreno Germán Balanta hacía lo mismo en Santa Helena.
“Fue el resultado de los pilotos lo que nos dio el impulso para pensar: si ha sido tan exitoso el desminado con participación de excombatientes, ¿por qué no crear nuestra propia organización?”, dice Orrego, que estuvo tres años en el equipo de comunicaciones de la guerrilla en La Habana antes de ir al Orejón.
Ahí nació Humanicemos, una organización civil de desminado casi completamente integrada por ex combatientes. Más del 90 por ciento de sus 113 empleados son ex guerrilleros en tránsito hacia la vida civil, así como la totalidad de sus nueve miembros de junta y sus 51 asambleístas.
Su sueño es sumarse a las otras siete organizaciones civiles que están desminando en Colombia, que sigue siendo el segundo país con mayor número de víctimas de minas tras Afganistán. Fue uno de los compromisos que asumió el país en 2010 al pedir una prórroga de diez años para cumplir con la Convención de Ottawa que lucha contra las minas antipersonal y municiones sin explotar.
Cuando empezaron a organizarse en 2018 había mucha expectativa. Según Orrego, en esa época tenían una base de datos de 500 ex guerrilleros interesados en trabajar encontrando y destruyendo minas, muchas de las cuales instalaron las propias Farc.
El entusiasmo también se sentía del otro lado. Rafael Pardo, el entonces consejero de posconflicto de Santos, anunció que Humanicemos llegaría a 1200 exguerrilleros empleados, una promesa que a muchos en el sector les pareció excesivamente optimista en momentos en que la mayor organización civil -la británica Halo Trust- tenía 300 en el país.
Profesión desminador
Hacia marzo de 2018 los ex guerrilleros de Humanicemos empezaron a entrenarse como desminadores.
En la primera fase de su proyecto, trazaron sus procedimientos operativos y abrieron su base regional en una esquina del Etcr de Montañita, en Caquetá, para capacitaciones en terreno.
Sus integrantes se formaron con otras organizaciones en cómo hacer los estudios no técnicos para identificar perímetros, en cómo destruir las minas que encontraran y cómo hacer trabajo de educación en el riesgo con comunidades locales. Halo Trust entrenó a 40 de ellos, APN a 28, la Campaña Colombiana contra Minas a 20 y Unmas –el brazo de Naciones Unidas en acción contra minas- a 40 más.
Todo esto lo hicieron con 4 millones de dólares aportados por el gobierno de Noruega y el Fondo para la Consolidación de la Paz (PBP) de la ONU, que son los recursos discrecionales de su secretario general António Guterres.
Además de contar hoy con unos 90 desminadores, Humanicemos contempla emplear a otros exguerrilleros que tienen información sobre minas bajo una figura que bautizó ‘guías locales’, trabajando en llave con los explosivistas para ubicarlas y destruirlas.
Su idea es no solo contratarlos directamente sino prestárselos a otras organizaciones que desminan en el país, como APN, Halo Trust, los franceses de Handicap Internacional, los daneses de DDG, los italianos de Perigeo o los colombianos de Cccm y Atexx. Esa información es fundamental para establecer polígonos más precisos y acelerar el desminado, como lo demostraron los proyectos piloto, ahorrando tiempo y plata.
Alrededor de mayo de 2018, apareció el problema más grueso. La Organización de Estados Americanos (OEA), que tradicionalmente ha hecho las evaluaciones técnicas obligatorias de los desminadores en Colombia y que había sido parte del proyecto desde el inicio, anunció que tenía que retirarse por contar con financiación de Estados Unidos, lo que –según ellos- les impedía trabajar con excombatientes de Farc.
Ese anuncio tuvo otro coletazo. La ONG británica Halo Trust decidió, para no arriesgarse a perder financiación de Estados Unidos, que no podía continuar entrenando a los miembros de Humanicemos. Aunque ya había alcanzado a acreditar a una veintena, la otra mitad debió terminar con otras organizaciones.
Esa realidad jurídica y política significó que el Gobierno debía pensar en otro tercero que pudiera certificar que los ex guerrilleros tenían el nivel requerido para desminar. Descontamina Colombia, la agencia que entonces se encargaba del tema y que luego fue absorbida por la Oacp, intentó pensar en una solución creativa transitoria, pero llegó el fin del gobierno Santos sin que lo lograra.
En el empalme entre los gobiernos de Santos y Duque estaba claro que tenían que buscar una solución alterna al problema. Casi dos años después, sigue sin resolverse.
Acreditar desminadores, misión imposible
Aunque el arranque para Humanicemos fue lento con Santos, esas dificultades aumentaron con la llegada de Duque. Tres funcionarios de la comunidad internacional y dos del sector de desminado, que pidieron omitir sus nombres para poder discutir el tema con candidez, sienten que el actual gobierno ha hecho operación tortuga con la aprobación de Humanicemos.
Desde al menos diciembre de 2018, el gobierno Duque había definido que Unmas de Naciones Unidas debería encargarse del monitoreo externo de calidad de los desminadores de Humanicemos, como lo hace en muchos otros países afectados por las minas.
El 6 de diciembre de ese año, Emilio José Archila –el consejero de estabilización de Duque que entonces tenía el desminado bajo su ala- definió que Unmas era el tercero idóneo por su “reconocida capacidad técnica internacional”, como consta en un acta de la reunión que La Silla vio. “Ahí se tenía que haber resuelto todo”, dice un diplomático.
Sin embargo, no fue así. Dos meses después, Duque rebarajó las tareas del posconflicto y le entregó el desminado al comisionado de paz Miguel Ceballos. La Oacp absorbió a la agencia de desminado y los permisos que requería Humanicemos –incluyendo la escogencia de Unmas como verificador independiente- cayeron en un limbo.
En agosto pasado, la instancia de desminado –donde se sientan el Ministerio de Defensa, la Inspección General de las Fuerzas Militares y la Oacp- finalmente aprobó la renovación de la acreditación anual de Humanicemos como organización de desminado, aunque la notificación oficial firmada por Ceballos solo les llegó hasta diciembre.
Luego, el 7 de noviembre, la instancia finalmente aprobó que Unmas se ocupe de la verificación técnica de sus desminadores. Ahí parecía que las cosas finalmente se resolvían. Pero las distintas entidades que debían recibir la notificación oficial de esa decisión seguían esperándola varias semanas después.
Tras presiones de múltiples personas del sector, la notificación finalmente llegó el 2 de diciembre a la Unión Europea (que la necesitaba el aval del gobierno para financiar la segunda fase del proyecto) y calmó la principal angustia de Humanicemos, que a tres semanas del final de año no tenía cómo pagar su nómina ni el arriendo de su oficina.
A Humanicemos le llegó la carta de renovación de su acreditación el 20 de diciembre, cuatro meses después de aprobada, pero aún no la de la escogencia de Unmas.
En todo caso, la acreditación de sus desminadores sigue embolatada. La Cancillería -que como se ha contado ha sido reticente a involucrar a Naciones Unidas en el país- se mostró adversa a firmar un convenio nuevo con Unmas, por lo que se decidió que lo harían a través de la oficina de otra agencia, el Pnud, en Colombia. Esa firma aún no se ha dado.
Al menos dos condiciones comunicadas por la Oacp en los últimos meses prometen seguir haciéndole la vida difícil a Humanicemos: Unmas no fue autorizado para acreditar a los ex guerrilleros ya entrenados por Halo Trust, APN y Cccm, por lo que deberá formarlos desde cero de nuevo, y –en una decisión nueva de este año- ya no será posible que ex guerrilleros trabajen como guías con otras organizaciones civiles.
Las razones de esas decisiones no son claras, pero, en la práctica, impedir que otras organizaciones empleen ex combatientes disminuye el potencial del desminado para la reincorporación y la reparación.
El riesgo de retorno a la guerra
“¿Cómo hacer que la gente no se desmotive ante la evidente falta de voluntad? Llevamos casi dos años entrenando”, dice Ángela Orrego.
En su austera oficina hay un mapa que muestra las primeras tres zonas en Montañita asignadas a Humanicemos por el gobierno Santos. A la espera de poder arrancar a desminar, han venido trabajando en educación en el riesgo con comunidades locales, pero su vista sigue puesta en el despeje de minas y devolverle esas veredas descontaminadas a la gente.
En esas demoras han perdido a bastante exguerrilleros ilusionados con el desminado. La mayoría se dedicó a otros proyectos ante la falta de noticias sobre sus acreditaciones, aunque es difícil descartar que alguno se haya sumado a las disidencias que se apartaron del acuerdo de paz y se rearmaron de nuevo.
Hay, en todo caso, un precedente: en medio de las demoras del gobierno Santos en poner a rodar Humanicemos, Ricardo Abel Ayala, alias ‘Cabuyo’ -quien estuvo en el piloto de El Orejón y quiso seguir como desminador- retomó las armas en 2018 en esa misma zona de Antioquia. Hoy la Policía ofrece una recompensa de 280 millones de pesos por información sobre él, como sospechoso del asesinato de tres geólogos de la minera Continental Gold.
Al menos una idea que tenía Humanicemos es hoy más difícil de realizar, dada la dispersión de las personas que dejaron las armas. Querían organizar una suerte de cumbre de antiguos explosivistas de la guerrilla, que les permitiera documentar patrones de instalación y mapear prácticas que cambiaban según el bloque, como dónde las instalaban usando árboles, a campo traviesa, en subida o en edificios abandonados. O en qué circunstancias es más probable que haya una mina solitaria o un campo minado.
“Pero tras tres años es muy difícil. Era importante no perder la memoria de quienes saben dónde hay campos minados”, dice una persona que trabaja en una ONG de desminado, para quien los integrantes del Secretariado también erraron por no compilar con los encargados de cada Etcr los datos de quiénes eran los explosivistas en cada región.
La comunidad internacional viene observando la situación con frustración. “Pensábamos y esperábamos que se iba a decidir meses antes”, añade otro diplomático, que cree –como todas las personas consultadas- que la falta de urgencia del gobierno evidencia que no es consciente del riesgo de seguridad.
En Humanicemos creen que el gobierno Duque ha ralentizado su aprobación por temor a que el partido creado por la ex guerrilla use el desminado para crecer su capital político.
“Hemos demostrado hasta la saciedad que eso no es así, que entendemos que es acción humanitaria”, dice Orrego, explicando que esa fue justamente la razón por la que decidieron que la organización tendría que funcionar de manera independiente a la Farc.
El comisionado de paz Miguel Ceballos y su directora de acción contra minas Martha Hurtado no respondieron a preguntas sobre las demoras enfrentadas por Humanicemos.
El desminado como reparación
La operación tortuga ha tenido otro impacto: hasta ahora ninguna víctima –salvo las de Briceño y Mesetas- ha visto a exguerrilleros de las Farc desminando.
Esa es una tarea urgente en un país donde las minas antipersonal han dejado 11.655 víctimas directas (sin contar familiares) y en donde en 2018 los accidentes con minas aumentaron por primera vez en seis años.
Gran parte de esa responsabilidad recae sobre las Farc, a quienes la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (Icbl) ha descrito como “los más prolíficos usuarios de minas entre los grupos rebeldes del mundo”. Por eso debería ser, según el acuerdo de paz, una de las principales maneras en que los exguerrilleros de las Farc reparan a las víctimas, una condición ineludible para que puedan recibir penas más benévolas en el sistema de justicia transicional.
También puede convertirse en uno de los castigos restaurativos que imponga la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como parte del régimen de sanciones propias que está delineando.
Aunque las 8,9 millones de víctimas que hay en Colombia tienen expectativas muy distintas, la reparación es una de sus prioridades. Si las 27 mil propuestas que enviaron a La Habana son un indicador, quienes más han sufrido la violencia privilegian la posibilidad de reconstruir sus vidas (34 por ciento) y conocer la verdad (16 por ciento), incluso por encima de la justicia (11 por ciento). Además, en muchos casos el desminado es un paso previo necesario para otros programas de desarrollo local como la sustitución de coca, los Pdet o el barrido catastral que Duque ha puesto como prioridad.
“El desminado es una acción con enfoque reparador. Las acciones de Humanicemos son una forma de garantizar el compromiso de no repetición y de construcción de paz territorial”, dice Orrego, quien estuvo tres décadas en las Farc bajo el alias ‘Yira Castro’.
Esas actividades de reparación, sin embargo, solo podrán se acreditadas individualmente y no de manera colectiva. Eso significa que solo quienes directamente estén en el terreno desminando podrán solicitar a los magistrados de la JEP que cuente su trabajo. No podrán argumentarlo otros ex guerrilleros que no formen parte de Humanicemos o que no hayan estado en los dos pilotos de desminado originales.
Eso debería impedir, por ejemplo, que los exmiembros del Secretariado intenten usar a Humanicemos para librar sus responsabilidades en el conflicto.
En medio de esas dificultades, los guerrilleros convertidos en desminadores siguen esperando poder empezar a emplear sus conocimientos. “Es la cuota que ponemos para que la paz sea un hecho –dice Orrego- Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil y por eso hemos resistido”.
Este reportaje apareció publicado originalmente en inglés y francés en JusticeInfo.
Actualización:
Después de publicada esta historia, el Comisionado de paz Miguel Ceballos nos contactó para ofrecer su punto de vista sobre la demora, explicando que durante la semana en que lo buscamos había estado de viaje.
«Acá no ha habido ninguna operación tortuga. Si alguien ha hecho un esfuerzo para que se firme este convenio he sido yo», le dijo a La Silla, añadiendo que fue el primero en firmar el documento hace más de una semana y que está esperando las firmas del Ministerio de Defensa y el PNUD para que pueda entrar en vigor. Describió la demora como «un calvario jurídico» que se debió a diferencias entre abogados de Cancillería y Naciones Unidas en torno a la responsabilidad civil de terceros.
«Hicimos el esfuerzo de hablar con la OEA y Estados Unidos, pero eso es decisión de ellos y yo no puedo meterme ahí. Yo estoy solucionando el problema para que el monitor pueda ser UNMAS», nos dijo.
Precisó que a su juicio los ex guerrilleros ya entrenados no deben arrancar de nuevo con UNMAS («ellos no tienen que hacer más entrenamiento»). En cambio, reconoció que será complejo que organizaciones contraten ex guerrilleros, no porque su oficina no lo quiera, sino porque a su juicio enfrentarían problemas más adelante dado que no podría monitorearlos UNMAS sino que debería hacerlo la OEA.
Por último, Ceballos dijo que su oficina no había sido responsable de los desplantes a Humanicemos, sino que quien organizó el evento por encargo suyo -la Fundación Suiza de Desminado- no le notificó que usaría recursos gringos y que quien marginó a los ex guerrilleros lo hizo de manera inconsulta.
«Yo sé que fue una cosa jarta, pero no refleja la realidad de nuestro trabajo. Eso no se hizo con nuestra venia y le pedimos disculpas a Humanicemos por escrito», dijo. «Nosotros no hacemos tratos diferenciales», remarcó Martha Hurtado, su directora de acción contra minas.
Fuente: https://lasillavacia.com/operacion-tortuga-del-gobierno-los-ex-guerrilleros-desminadores-75695
